Garantizar
la participación de los pueblos y comunidades indígenas para su desarrollo fue uno de los principales exhortos que
hicieron los titulares de las comisiones de derechos humanos de Jalisco,
Nayarit, Durango y Guanajuato durante un foro virtual organizado por la PDHEG.
Este
planteamiento se realizó en una mesa de diálogo efectuada el marco de la
conmemoración por el Día Internacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
Además
del anfitrión guanajuatense, José Raúl Montero de Alba, participó el Presidente
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Jalisco, Alfonso Hernández
Barrón, su homólogo de Nayarit, Maximino Muñoz de la Cruz, y por la CEDH de
Durango, Marco Antonio Güereca Díaz.
También
estuvo el Consejero Ciudadano de la PDHEG e Integrante del Consejo Estatal
Indígena, Salvador Gallegos Ramírez y el Presidente de Litigio Estratégico
Indígena, A.C., Carlos Morales Sánchez,
este último impartió una conferencia denominada “Los Derechos de los
Pueblos y Comunidades Indígenas también son Derechos Humanos”.
Durante
el panel, Alfonso Hernández Barrón recalcó la necesidad de hacer valer el
derecho a la consulta de quienes conforman las comunidades originarias y
enlistó cinco características básicas se deben considerar para ella por
ejemplo: debe ser previa a cualquier proyecto, libre, informada, de buena fe y
sobretodo culturalmente adecuada.
Dijo
que el gran reto para el Estado mexicano es garantizar este derecho primordial
pues no debe haber proyectos para los pueblos sin su participación.
Subrayó
la obligatoriedad de hacer lo necesario para visibilizar los esfuerzos de hacer
justicia a quienes fueron víctimas de procesos de colonización y que
actualmente aún despojados de sus propiedades y recursos naturales.
Por
su parte, el Presidente de la CEDH de Nayarit, Maximino Muñoz de la Cruz expuso las condiciones de desigualdad que
viven los pueblos autóctonos y que se están haciendo más visibles en el contexto
de la pandemia por COVID-19, y que afectan una serie de derechos como el acceso
a la salud y la educación, entre otros.
Dijo
que la realidad de estas comunidades es muy distinta a las situaciones que se
viven en zonas urbanas, pues en ocasiones ni siquiera hay energía eléctrica y
mucho menos acceso a internet.
Mencionó
que los derechos de comunidades indígenas no han sido otorgados sino que son
producto de mucho esfuerzo por la búsqueda de reconocimiento y condiciones de
igualdad.
Durante
su participación, el Procurador de los Derechos Humanos del Estado de
Guanajuato, José Raúl Montero de Alba, pidió generar un posicionamiento por
parte de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos para
garantizar y hacer efectivos los derechos de las comunidades indígenas.
En
su mensaje, reconoció que en México se
han hecho ajustes a la Constitución con el propósito de subsanar los adeudos
que se tienen con estos grupos a lo largo de la historia, sin embargo, aún
faltan acciones para visibilizar a este sector de la población.
“Los
pueblos y comunidades indígenas hoy tienen derecho a ser reconocidos y
respetados en su cultura, historia, idioma, modo de vida, siendo este un factor
de enriquecimiento de la identidad cultural del Estado, quien está obligado a
su preservación”, aseguró.
Finalmente,
se contó con la exposición del maestro Carlos Morales Sánchez quien compartió
su experiencia acerca de diversos litigios estratégicos indígenas que ha
promovido en territorio nacional.
Afirmó
que la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos abrió la
posibilidad de sean justiciabilizados los derechos de estos pueblos.
