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ayudar al medio ambiente y no has sabido que hacer,
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o mándanos un whatsapp al 951 117 3600 y te ayudamos a rescatar tu río.
El
secretario encargado del Juzgado Décimo Primero de distrito en el Estado de
Oaxaca, otorgó la suspensión provisional a un integrante del Comité de Participación
Ciudadana contra el desmantelamiento del órgano ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción
de Oaxaca, y ordenó suspender la toma de protesta y designación de los nuevos
integrantes del “Consejo” de Participación Ciudadana.
Cabe
recordar que el primero de junio 2021, el Congreso del Estado de Oaxaca,
controlado por Morena, reformó sin razón alguna, los artículos 59 y 120 de la
Constitución de Oaxaca, con el propósito de desaparecer al Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y ordenó crear el
Consejo Estatal de Participación Ciudadana.
En
un transitorio de esa reforma, el Congreso ordenó a la Comisión de Selección
emitiera la convocatoria para sustituir, a los integrantes del Comité y nombrar
a los integrantes del nuevo Consejo. Con esto, el Congreso de Oaxaca decidió
terminar anticipadamente y sin razón alguna los cargos de cinco integrantes de
la Comisión de Participación Ciudadana y designar a cinco nuevos integrantes
afines al partido dominante en la Cámara Estatal.
En
cumplimiento a la reforma constitucional, la Comisión de Selección emitió la
Convocatoria de 15 de julio de 2021 en la que llamó a las organizaciones
civiles a postular a las personas que aspiren a integrar el nuevo Consejo de
Participación Ciudadana, lo que implicaría el desmantelamiento del Comité de
Participación Ciudadana.
Inconforme
con tales acciones, José Juan Flores Guzmán, Francisco Pablo Munguía Gaytán y
Lucila Martínez Altamirano, integrantes del Comité de Participación Ciudadana,
promovieron juicios de amparo ante el Poder Judicial de la Federación
contra la reforma constitucional y los
actos de ejecución.
Por
tal motivo, el día cuatro de agosto de 2021, el juzgado décimo primero de
Distrito en el Estado de Oaxaca, decretó la suspensión de los actos reclamados
para el efecto de que “se abstengan de designar y toma protesta a los nuevos integrantes
del Consejo de Participación Ciudadana hasta en tanto se resuelva sobre la
suspensión definitiva” en el juicio de amparo.
Al
ser entrevistado, Carlos Morales, abogado de Litigio Estratégico Indígena A.C y
defensor de los integrantes de las personas integrantes del Comité de
Participación Ciudadana, explicó que “los jueces federales, se han convertido
actualmente, en los defensores de la institucionalidad democrática, incluso
frente a la actividad veleidosa del Poder Legislativo, que crea y desaparece
órganos ciudadanos a su capricho y conveniencia.”
El
abogado oaxaqueño quien también postula ante tribunales el rescate de los ríos
Salado y Atoyac explicó que “la ciudadanía ha encontrado en el Poder Judicial
de la Federación a la institución que la protege contra actos arbitrario de
todo tipo, como en el presente caso, la indebida desaparición del Comité de
Participación Ciudadana.”
El
abogado litigante decidió dejar en 178 páginas un mensaje: el litigio puede
cambiar el mundo
En
plena pandemia, el abogado Carlos Morales decidió recopilar y rehacer apuntes
elaborados a lo largo de 20 años. Abrió las cajas donde guardaba copias de
algunos expedientes de casos que a su juicio eran relevantes. La pandemia le
dio el tiempo para elaborar su testimonio bibliográfico. Aparte de las
innumerables conferencias y clases que impartió por plataformas remotas,
decidió dejar en 178 páginas un mensaje: el litigio puede cambiar el mundo. Por
eso escribió el libro Litigio Estratégico para el cambio social en México.
Algunas reflexiones y algunos casos.
Carlos
Morales nació en el Istmo de Tehuantepec. Estudió en la Universidad Autónoma
Benito Juárez de Oaxaca. Cuando tenía 28 años resultó vencedor en un concurso
de oposición nacional: “se inscribieron 1 500 abogados y quedamos 33”. Su
primera adscripción como defensor público federal del Poder Judicial de la
Federación fue en su natal Salina Cruz. Ahí en su tierra observó por primera
vez el choque entre derecho de los pueblos indígenas y el derecho positivo, es
decir, el derecho que construye el gobierno central con la cultura de las
personas indígenas.
“Me tocó defender a personas indígenas zapotecas que estaban presas por practicar su costumbre: por cazar iguanas, por recoger huevos de tortuga, por derribar un árbol para hacer carbón.” Dice mientras sacude copias de aquellos viejos expedientes.
“El derecho penal siempre ha sido un instrumento de control estatal. En aquellos años, a fines de los 90, la situación de las personas indígenas era de invisibilización a pesar que seis años antes un puñado de indígenas chapanecos se levantaron en armas para decirle al gobierno “voltéennos a ver”.
Poco
después, en el año 2001, los acuerdos de San Andrés serían constitucionalizados
—con regateos— y el artículo 2º constitucional se convertiría en el
papel, el catálogo de derechos indígenas.
Dice
Carlos Morales que siempre que hay un problema social en México el Estado en
vez de atender el problema social crea una ley y con esa actividad normativa
piensa que el problema social queda resuelto.
Explica:
“ante la lamentable situación de violencia contra las mujeres el Estado decidió
no atender la problemática y erradicar la violencia, lo que decidió fue crear
una ley contra la violencia. Lo mismo sucedió con la situación de las personas
indígenas. El estado no se avocó a resolver la situación de marginación,
exclusión y falta de oportunidades de los pueblos indígenas. Lo que hizo el
Estado fue reformar la Constitución y meter en el artículo 2º constitucional un
catálogo de derechos de los pueblos indígenas. Puro atole con el dedo. En la realidad
las personas indígenas permanecían sufriendo el racismo, la discriminación y la
exclusión”.
En
el libro publicado por la editorial del Instituto Internacional de
Responsabilidad Social en Derechos Humanos con sede en San José Costa Rica,
Carlos Morales narra los esfuerzos que como defensor público federal efectuó
para que los derechos de las personas indígenas tuvieran un anclaje en la
realidad de estos pueblos.
La
idea de que el litigio puede ser una herramienta para cambiar el mundo,
vertebra todo el libro. Por sus páginas aparecen personajes olvidados que
pusieron el cuerpo para que al cabo de largos y extensos litigios los
tribunales definieran las reglas de operación de algunos derechos que la
Constitución reconocía en el plano discursivo a los pueblos indígenas.
El
libro relata varias “primeras veces”. Cuenta cómo fue la primera vez que un
defensor de oficio llevó un caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN). A este Alto Tribunal, solo tenían acceso los Hamdan, los Fernández de
Cevallos y los Aguilar Zinser, es decir, los abogados de las grandes empresas y
de los poderosos del país. No obstante, con ingenio y astucia, logró colocar su
caso en la agenda del máximo tribunal del país. Y obtuvo su primer
resultado exitoso. La SCJN declaró inconstitucional el artículo 171 del Código
Penal Federal. Y este primer caso permitió que se replicara en mil veintiséis
ocasiones más.
La
presentación de la primera demanda de amparo en lengua indígena es un relato
inquietante. La historia trascurre en Ixcotel. En México, el menosprecio a las
lenguas indígenas es algo cotidiano.
La
primera vez que la SCJN emitió jurisprudencia sobre una persona indígena
sometida al proceso penal fue en el caso de Jorge, un joven indígena chatino.
Jorge cometió el gravísimo delito de recoger huevos de quelonio marino para
comer. Los chatinos consumen huevos de tortuga desde hace 1 500 años.
Jorge
fue defendido exitosamente por Carlos Morales. Y el máximo tribunal del país
sentó cinco jurisprudencias conocidas como “las nuevas reglas para juzgar a las
personas indígenas”. La SCJN tuvo la oportunidad de explicar quién es indígena
y quién no. Explicó qué es la especificidad cultural y quién debe investigarla.
De manera muy precisa explicó el ámbito subjetivo de aplicación. Con estas
primeras jurisprudencias el máximo tribunal del país empezó a dotar de
contenido al discurso del artículo 2º constitucional.
En
Litigio Estratégico Indígena Asociación Civil ha seguido por la senda del
litigio por el cambio social. Y ha demostrado que el juicio de amparo es un
instrumento para rescatar ríos (Caso de los ríos Salado y Atoyac) y es un
mecanismo para obligar al Congreso de Oaxaca y al Congreso de la Unión a
construir leyes de consulta indígena para dar voz a quienes nunca han tenido.
Consulte en: https://imparcialoaxaca.mx/arte-y-cultura/518557/carlos-morales-presenta-su-primera-obra-juridica/?fbclid=IwAR2Ak9ljR-WDfFs-RyIWOeYRBSH_knxsPNBnrsmJx2NYQgxt8hhLup2vVXI
La
LXIV Legislatura refrendó su compromiso de trabajar para lograr la
visibilización de las mujeres oaxaqueñas en todos los ámbitos de la vida
pública y social, con la entrega de la medalla ‘Juana Catalina Romero Egaña’,
con motivo del Día Internacional de la Mujer y para reconocer la aportación de
las mujeres a la vida social, cultural, científica y comunitaria del Estado.
En la
entrega de reconocimientos, este año y por única ocasión, se instauró la
categoría ‘Mujeres en la primera línea de atención al COVID-19’, misma que fue
otorgada a las trabajadoras de Servicio Social del Hospital de la Mujer y el
Niño Oaxaqueño.
En la
categoría ‘Mujer innovadora y emprendedora’, la galardonada fue Janet Salvador
Martínez, mientras que a Yazmín Karen Melchor Mendoza correspondió el
reconocimiento por ‘Mujer en la ciencia y en la tecnología’.
En la
temática de ‘Mujer en la cultura’, Martha Leticia Gallardo Martínez, originaria
de Santa María Tlahuiltoltepec recibió el galardón parlamentario. Por otra
parte, ‘Mariana Yañez Unda’, con su labor desde la defensa legal al medio
ambiente y de las causas de los sectores menos favorecidos, obtuvo el galardón
en la categoría, ‘Mujer que promueve acciones sociales’.
Finalmente,
la señora Bibiana Méndez Sánchez fue reconocida en el rubro ‘Mujer en la vida
comunitaria’, por su labor ejemplar en la partería y en San Bartolomé Zoogocho,
Villa Alta, en la Sierra Juárez como curandera tradicional en la región.
Consulte
en: https://televisaregional.com/entrega-congreso-medalla-juana-catalina-romero-egana/
Por
Carlos Morales
Hoy en
día, la insurgencia, dice Víctor Toledo, la constituyen las personas indígenas,
las mujeres y las y los ambientalistas. Son la última línea de combate en la
lucha por el cambio social. Mariana Yáñez Unda, vicepresidenta de Litigio
Estratégico Indígena A.C. participa en los tres frentes.
En
Litigio Estratégico Indígena A.C. estamos de fiesta por el reconocimiento que
el Congreso de Oaxaca realiza a Litigio Estratégico Indígena A.C. por conducto
de su vicepresidenta en el día internacional de la mujer.
El
Congreso de Oaxaca, el mismo al que Litigio Estratégico Indígena ha obligado a
construir la Ley de Consulta Indígena para los Pueblos y Comunidades Indígenas
y Afromexicanas de Oaxaca, reconoce nuestro esfuerzo otorgando a la
vicepresidenta Mariana Yáñez Unda, la medalla Juana Catalina Romero Egaña.
Litigio
Estratégico es una asociación civil sin fines de lucro que ha abierto muchos
frentes jurídicos contra la insensibilidad gubernamental y contra las omisiones
legislativas. Utiliza los mecanismos jurídicos contra las omisiones de las
autoridades. Y ha obtenido sentencias exitosas. En todos los casos Mariana Yáñez
ha intervenido. En el diseño, seguimiento y ejecución.
El
caso del amparo por los ríos Salado y Atoyac es el más conocido. En este
asunto, el Poder Judicial de la Federación emitió la primera sentencia en
México que ordenó rescatar un río. Es un caso sin precedente en el que las
autoridades se encuentran en fase de “cumplimiento”. Ciertamente, también están
siendo omisos. Y que no tienen voluntad de cumplir.
El
Congreso de Oaxaca ha sido omiso en la ejecución de la sentencia de amparo, por
eso los ríos Salado y Atoyac siguen contaminado. Ya llegará el momento de
iniciar el procedimiento de inejecución de la sentencia de amparo ante la SCJN.
Nuestra
lucha, las de Litigio Estratégico, no se agota con la obtención de sentencias
exitosas, sino en la ejecución de éstas. Y en la construcción de ciudadanía.
Ahora mismo, estamos obligando al Congreso de la Unión a construir la Ley
General de Consulta Previa Libre e Informada y de Buena Fe para los Pueblos
Indígenas y comunidades afromexicanas de México.
Un
juicio de amparo promovido por Litigio Estratégico Indígena y una sentencia de
la Segunda Sala de la SCJN (AR 1044/2019) obligarán al Congreso de la Unión a
crear la ley, después de 20 años de omisión y de flojera.
Charles
Brasseaur, describe a Juana C. Romero “recuerdo también que la primera vez que
la vi quedé tan impresionado por su aire soberbio y orgulloso, por su riquísimo
traje indígena.” La leyenda dice que habría ocultado a Porfirio Díaz bajo sus
enaguas que cuando éste construyó el ferrocarril, desvió el trazado para que
pasara frente al chalet de Juana Cata.
En
Litigio Estratégico Indígena A.C. estamos complacidos que se reconozca el gran
trabajo de Mariana Yáñez Unda, una de sus integrantes, con la medalla que lleva
el nombre de la Didjazaá, por su gran aporte al cambio social. El trabajo de
Yáñez Unda, está inspirado en el trabajo de la gran matriarca istmeña, que
realizó grandes aportes educativos, agrícolas y culturales en el Istmo de
Tehuantepec.
En
Litigio Estratégico seguiremos trabajando.
Consulte
en: https://revista-mujeres.com/2021/03/09/juana-cata-y-mariana-yanez/
La
maestra Mariana Yáñez Unda es vicepresidenta de la asociación civil Litigio
Estratégico Indígena A.C. organización no gubernamental que postula que el
litigio jurídico es un instrumento para el cambio social. Esta asociación civil
ha obtenido sentencias históricas en México.
La
asociación civil, en su corta vida, ya obtuvo éxitos sin precedentes: la primera
sentencia emitida en México que ordena rescatar dos ríos. Además, ha promovido
juicios de amparo para obligar a los congresos a construir leyes de consulta
indígena. El 22 de enero de 2020, el Congreso de Oaxaca se vio obligado a
emitir la ley de consulta previa para los pueblos indígenas de Oaxaca como
resultado de un juicio de amparo promovido por Litigio Estratégico Indígena
A.C.
El 10
de junio de 2020, la SCJN resolvió un juicio de amparo planteado por Litigio
Estratégico y ordenó al Congreso de la Unión construir la ley general de
consulta para los pueblos indígenas de México. Después de 20 años de renuencia
por parte del Congreso de la Unión tendremos la ley general de consulta
indígena tan necesaria para darle voz a los pueblos y comunidades indígenas de
México.
En la
sesión solemne del Congreso se reconocieron los méritos de la galardonada
Mariana Yáñez Unda, quien recibió la medalla que lleva el nombre de la
benefactora istmeña. Este reconocimiento se suma a los otros recibidos por la
asociación que tiene por política no recibir financiamiento de nadie.
Mariana
Yáñez Unda, es abogada por la Universidad Regional del Sureste y maestra en
ciencias penales por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. Obtuvo su grado de maestría con
mención honorifica y ha asistido a diversos cursos en México y en el
extranjero.
El
Congreso de Oaxaca instituyó la medalla Juana Catalina Romero Egaña para
reconocer a las mujeres que trabajan y colaboran con la comunidad de manera
desinteresada y lo entrega el día ocho de marzo de cada año en conmemoración
del día internacional de la mujer.
Ganadoras de la Medalla Juana Catalina Romero Egaña.
San
Raymundo Jalpan, Oax. 8 de marzo de 2021.- Con acciones permanentes como la
entrega de la medalla “Juana Catalina Romero Egaña”, LXIV Legislatura refrendó su compromiso de
trabajar para lograr la visibilización de las mujeres oaxaqueñas en todos los
ámbitos de la vida pública y social.
Durante
la tercera edición de la entrega de esta presea a mujeres por su aportación a
la vida social, cultural, científica y comunitaria del Estado, y con motivo del
Día Internacional de la Mujer, la presidenta de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo), diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, recalcó que el
Congreso del Estado impulsa con acciones parlamentarias los derechos humanos de
las mujeres.
Previo
a la entrega de seis reconocimientos a oaxaqueñas distinguidas, la congresista
Juana Aguilar Espinoza; en representación del presidente de la Mesa Directiva,
Arsenio Lorenzo Mejía García, dio
lectura a la semblanza de de la empresaria y benefactora istmeña, Juana Catalina,
quien a finales del siglo XIX respaldó al Ejército mexicano durante la intervención
francesa, y tuvo una labor diplomática, empresarial y educativa.
En el
acto protocolario celebrado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, la
presidenta del Comité coordinador, legisladora Elim Antonio Aquino, subrayó que
la conmemoración organizada por la 64 Legislatura, permite analizar los avances
y rubros pendientes respecto a las acciones en materia de equidad para las
mujeres, desde el ámbito del hogar hasta la participación política.
En la
entrega de reconocimientos, este año y por única ocasión, se instauró la
categoría “Mujeres en la primera línea de atención al COVID-19”, misma que fue
otorgada a las trabajadoras de Servicio Social del Hospital de la Mujer y el
Niño Oaxaqueño.
En ese
tenor, la diputada Delfina Guzmán calificó esa labor como fundamental, toda vez
que representa el primer contacto de la población, en su mayoría vulnerable,
con las instituciones hospitalarias, desde su ingreso hasta el seguimiento
posterior a la hospitalización. La presea fue entregada a la ciudadana Paulina
Santiago Gómez, en representación de la plantilla de trabajadoras sociales del
nosocomio.
En la
categoría “Mujer innovadora y emprendedora”, la galardonada fue Janet Salvador
Martínez, mientras que a Yazmín Karen Melchor Mendoza correspondió el
reconocimiento por “Mujer en la ciencia y en la tecnología”.
En la
temática de “Mujer en la cultura”, Martha Leticia Gallardo Martínez, originaria
de Santa María Tlahuiltoltepec recibió el galardón parlamentario. Por otra
parte, Mariana Yañez Unda, con su labor desde la defensa legal al medio
ambiente y de las causas de los sectores menos favorecidos, obtuvo el galardon
en la categoría, “Mujer que promueve acciones sociales”.
Finalmente,
la señora Bibiana Méndez Sánchez fue reconocida en el rubro “Mujer en la vida
comunitaria”, por su labor ejemplar en la partería y en San Bartolomé Zoogocho,
Villa Alta, en la Sierra Juárez como curandera tradicional en la región.
