* La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió el pasado 10 de junio una sentencia histórica, que obliga al Congreso de la Unión a crear la Ley Federal de Consulta Previa, Libre, Informada, de Buena Fe a los Pueblos Indígenas.
* Litigio Estratégico Indígena A.C., acaba de anotarse un tercer hitazo al hilo en materia constitucional al sumar a este logro, la creación de la Ley de Consulta Previa oaxaqueña y el saneamiento ambiental de los ríos Atoyac y Salado.
(A
la senadora Concepción Rueda Gómez, a su hermano Paco, familiares y amigos, por
la muerte de su señora madre; y a Miguel Ángel Morales Amaya, por el
fallecimiento de su hermano. Un abrazo fraterno y solidario en estos momentos
difíciles. Descansen en paz)
La
defensa del territorio y los recursos naturales ha dado un giro radical en la
construcción de megaproyectos del Gobierno mexicano e inversionistas nacionales
y extranjeros, especialmente en el caso del Corredor Interoceánico y el
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.
Esas
magnas obras generalmente afectan los derechos a la tierra de los pueblos y
comunidades indígenas sin siquiera escucharles, con base en prácticas viciosas,
amañadas y corruptas, para terminar imponiendo los megaproyectos, que
previamente deben ser consensuados.
Ahora,
ya no ocurrirá así porque el Poder Legislativo federal deberá crear la Ley de
Consulta Previa, Libre, Informada, de Buena Fe, ajustándose a los estándares jurídicos
interamericanos. Antes, el Congreso de Oaxaca, fue obligado a construir la ley
local.
La
ley será un instrumento de diálogo intercultural, previsto en el caso del
Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku contra el Gobierno de Ecuador. Las
dependencias encargadas de megaproyectos no podrán pretextar la falta de ley
para no consultar a los pueblos indígenas.
El
Estado mexicano ha sido obligado a crear la Ley Federal de Consulta Previa,
Libre, Informada, de Buena Fe y con pertinencia cultural para los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanas del país, considerado pluriétnico y
pluricultural.
El
pasado 10 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una
sentencia histórica para la protección de los derechos de los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanas de la República Mexicana.
El
más alto tribunal del país concedió el amparo y protección de la justicia
federal a Litigio Estratégico Indígena A.C., que obliga al Congreso de la Unión
a crear la Ley Federal de Consulta Previa, Libre, Informada, de Buena Fe.
Para
la Maestra Mariana Yáñez Unda, es una resolución sin precedente en la historia
de la Suprema Corte sumamente trascendente, cuando se cumplían exactamente
nueve años de la reforma constitucional de 2011.
Emocionada,
subraya que siempre pensó que el símbolo de Litigio Estratégico Indígena A.C.
era la silueta de una persona soñadora que extiende los brazos hacía el sol.
“Hoy sé que es la honda de David y la defensa de la ley la piedra”.
De
esta manera, la Asociación Civil Litigio Estratégico Indígena acaba de anotarse
un tercer hitazo al hilo en materia constitucional al sumar este logro, crear
la ley de consulta previa oaxaqueña y el saneamiento de los ríos Atoyac y
Salado.
Durante
18 años el Congreso de la Unión fue omiso al no crear la ley de consulta
previa, denuncia la maestra Yáñez Unda.
El tema de la consulta indígena no es nada nuevo para la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN).
Ya
había emitido sentencias contra diversas autoridades que habían autorizado
megaproyectos sin consultar a los pueblos indígenas. Citó como ejemplos los
casos del Acueducto Independencia y la lucha de los pueblos mayas contra
Monsanto.
Sin
embargo, la sentencia emitida el pasado miércoles 10 de junio, es una sentencia
que posiciona a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como una corte
constitucional protectora de los pueblos indígenas. La sentencia de la SCJN va
a la raíz del problema.
Durante
muchos años los pueblos y comunidades indígenas no fueron escuchados por
insensibilidad y por falta de ley. El Gobierno decidió unilateralmente la
instauración de proyectos forestales, mineros, eólicos, sin consultar a los
pueblos.
Ahora,
en cumplimiento de la histórica sentencia, el Poder Legislativo Federal deberá
construir una ley de alcance nacional en la que se establezcan los casos,
requisitos, condiciones y plazos de la consulta indígena.
El
tribunal de la República consideró impostergable la creación de la ley.
Previamente a la construcción de la ley el Congreso deberá consultar a los
pueblos indígenas en sus comunidades sobre los alcances que deberá contener la
propia ley.
Las
voces de los Ikoots, ayuuk, rarámuris, wixáricas, chontales, seris, y de todos
los pueblos indígenas de México deberán ser escuchadas previamente a la
construcción de la Ley de Consulta. También deberán serlo las comunidades
afromexicanas.
En
Oaxaca tenemos experiencia en el tema. En el 2018, el juez decimoprimero de
Distrito en el Estado de Oaxaca concedió un amparo a Litigio Estratégico Indígena
y ordenó al Congreso de Oaxaca, construir la ley de consulta previa oaxaqueña.
El
Congreso, insensible, interpuso el recurso de revisión. Un Tribunal Colegiado
de Cholula, les dio la razón. En cumplimiento a la sentencia de amparo, el 22
de febrero de 2020 fue publicada en el Periódico Oficial de Oaxaca la Ley de
Consulta Indígena para Oaxaca.
Litigio
Estratégico Indígena sigue caminando. Después de la victoria jurídica en el
juicio de amparo por el rescate de los ríos Salado y Atoyac, ahora pretende que
lo asentado en esa sentencia se convierta en realidad.
La
pandemia del Covid-19 suspendió la etapa de planeación de la ejecución de la
histórica sentencia que ordenó el rescate de dos ríos oaxaqueños. Seguirán
empujando y convocando a la sociedad para que intervenga en la ejecución de la
sentencia de amparo.
Ahora,
luchan porque las comunidades indígenas tengan leyes que reglamenten
específicamente el diálogo intercultural entre pueblos indígenas y el Estado
Mexicano. Es parte del trabajo que Litigio Estratégico Indígena, una
pequeñísima organización no gubernamental, realiza sin financiamiento de
ninguna especie.
Han
demostrado que el litigio puede convertirse en una herramienta de
empoderamiento ciudadano. Mediante un litigio cuatro personas han obligado al
Congreso a construir una ley. Mediante otro litigio tres personas hemos
obligado al Estado Mexicano a mirar hacía los ríos.
Con
la herramienta del litigio las ciudadanas y ciudadanos podemos derrotar a
enemigos más grandes y poderosos. Podemos derrotar a la indolencia y las
conductas omisivas de las autoridades.
