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ayudar al medio ambiente y no has sabido que hacer,
A través del correo electrónico
carlosdobleclick@hotmail.com
o mándanos un whatsapp al 951 117 3600 y te ayudamos a rescatar tu río.
El
secretario encargado del Juzgado Décimo Primero de distrito en el Estado de
Oaxaca, otorgó la suspensión provisional a un integrante del Comité de Participación
Ciudadana contra el desmantelamiento del órgano ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción
de Oaxaca, y ordenó suspender la toma de protesta y designación de los nuevos
integrantes del “Consejo” de Participación Ciudadana.
Cabe
recordar que el primero de junio 2021, el Congreso del Estado de Oaxaca,
controlado por Morena, reformó sin razón alguna, los artículos 59 y 120 de la
Constitución de Oaxaca, con el propósito de desaparecer al Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y ordenó crear el
Consejo Estatal de Participación Ciudadana.
En
un transitorio de esa reforma, el Congreso ordenó a la Comisión de Selección
emitiera la convocatoria para sustituir, a los integrantes del Comité y nombrar
a los integrantes del nuevo Consejo. Con esto, el Congreso de Oaxaca decidió
terminar anticipadamente y sin razón alguna los cargos de cinco integrantes de
la Comisión de Participación Ciudadana y designar a cinco nuevos integrantes
afines al partido dominante en la Cámara Estatal.
En
cumplimiento a la reforma constitucional, la Comisión de Selección emitió la
Convocatoria de 15 de julio de 2021 en la que llamó a las organizaciones
civiles a postular a las personas que aspiren a integrar el nuevo Consejo de
Participación Ciudadana, lo que implicaría el desmantelamiento del Comité de
Participación Ciudadana.
Inconforme
con tales acciones, José Juan Flores Guzmán, Francisco Pablo Munguía Gaytán y
Lucila Martínez Altamirano, integrantes del Comité de Participación Ciudadana,
promovieron juicios de amparo ante el Poder Judicial de la Federación
contra la reforma constitucional y los
actos de ejecución.
Por
tal motivo, el día cuatro de agosto de 2021, el juzgado décimo primero de
Distrito en el Estado de Oaxaca, decretó la suspensión de los actos reclamados
para el efecto de que “se abstengan de designar y toma protesta a los nuevos integrantes
del Consejo de Participación Ciudadana hasta en tanto se resuelva sobre la
suspensión definitiva” en el juicio de amparo.
Al
ser entrevistado, Carlos Morales, abogado de Litigio Estratégico Indígena A.C y
defensor de los integrantes de las personas integrantes del Comité de
Participación Ciudadana, explicó que “los jueces federales, se han convertido
actualmente, en los defensores de la institucionalidad democrática, incluso
frente a la actividad veleidosa del Poder Legislativo, que crea y desaparece
órganos ciudadanos a su capricho y conveniencia.”
El
abogado oaxaqueño quien también postula ante tribunales el rescate de los ríos
Salado y Atoyac explicó que “la ciudadanía ha encontrado en el Poder Judicial
de la Federación a la institución que la protege contra actos arbitrario de
todo tipo, como en el presente caso, la indebida desaparición del Comité de
Participación Ciudadana.”
El
abogado litigante decidió dejar en 178 páginas un mensaje: el litigio puede
cambiar el mundo
En
plena pandemia, el abogado Carlos Morales decidió recopilar y rehacer apuntes
elaborados a lo largo de 20 años. Abrió las cajas donde guardaba copias de
algunos expedientes de casos que a su juicio eran relevantes. La pandemia le
dio el tiempo para elaborar su testimonio bibliográfico. Aparte de las
innumerables conferencias y clases que impartió por plataformas remotas,
decidió dejar en 178 páginas un mensaje: el litigio puede cambiar el mundo. Por
eso escribió el libro Litigio Estratégico para el cambio social en México.
Algunas reflexiones y algunos casos.
Carlos
Morales nació en el Istmo de Tehuantepec. Estudió en la Universidad Autónoma
Benito Juárez de Oaxaca. Cuando tenía 28 años resultó vencedor en un concurso
de oposición nacional: “se inscribieron 1 500 abogados y quedamos 33”. Su
primera adscripción como defensor público federal del Poder Judicial de la
Federación fue en su natal Salina Cruz. Ahí en su tierra observó por primera
vez el choque entre derecho de los pueblos indígenas y el derecho positivo, es
decir, el derecho que construye el gobierno central con la cultura de las
personas indígenas.
“Me tocó defender a personas indígenas zapotecas que estaban presas por practicar su costumbre: por cazar iguanas, por recoger huevos de tortuga, por derribar un árbol para hacer carbón.” Dice mientras sacude copias de aquellos viejos expedientes.
“El derecho penal siempre ha sido un instrumento de control estatal. En aquellos años, a fines de los 90, la situación de las personas indígenas era de invisibilización a pesar que seis años antes un puñado de indígenas chapanecos se levantaron en armas para decirle al gobierno “voltéennos a ver”.
Poco
después, en el año 2001, los acuerdos de San Andrés serían constitucionalizados
—con regateos— y el artículo 2º constitucional se convertiría en el
papel, el catálogo de derechos indígenas.
Dice
Carlos Morales que siempre que hay un problema social en México el Estado en
vez de atender el problema social crea una ley y con esa actividad normativa
piensa que el problema social queda resuelto.
Explica:
“ante la lamentable situación de violencia contra las mujeres el Estado decidió
no atender la problemática y erradicar la violencia, lo que decidió fue crear
una ley contra la violencia. Lo mismo sucedió con la situación de las personas
indígenas. El estado no se avocó a resolver la situación de marginación,
exclusión y falta de oportunidades de los pueblos indígenas. Lo que hizo el
Estado fue reformar la Constitución y meter en el artículo 2º constitucional un
catálogo de derechos de los pueblos indígenas. Puro atole con el dedo. En la realidad
las personas indígenas permanecían sufriendo el racismo, la discriminación y la
exclusión”.
En
el libro publicado por la editorial del Instituto Internacional de
Responsabilidad Social en Derechos Humanos con sede en San José Costa Rica,
Carlos Morales narra los esfuerzos que como defensor público federal efectuó
para que los derechos de las personas indígenas tuvieran un anclaje en la
realidad de estos pueblos.
La
idea de que el litigio puede ser una herramienta para cambiar el mundo,
vertebra todo el libro. Por sus páginas aparecen personajes olvidados que
pusieron el cuerpo para que al cabo de largos y extensos litigios los
tribunales definieran las reglas de operación de algunos derechos que la
Constitución reconocía en el plano discursivo a los pueblos indígenas.
El
libro relata varias “primeras veces”. Cuenta cómo fue la primera vez que un
defensor de oficio llevó un caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN). A este Alto Tribunal, solo tenían acceso los Hamdan, los Fernández de
Cevallos y los Aguilar Zinser, es decir, los abogados de las grandes empresas y
de los poderosos del país. No obstante, con ingenio y astucia, logró colocar su
caso en la agenda del máximo tribunal del país. Y obtuvo su primer
resultado exitoso. La SCJN declaró inconstitucional el artículo 171 del Código
Penal Federal. Y este primer caso permitió que se replicara en mil veintiséis
ocasiones más.
La
presentación de la primera demanda de amparo en lengua indígena es un relato
inquietante. La historia trascurre en Ixcotel. En México, el menosprecio a las
lenguas indígenas es algo cotidiano.
La
primera vez que la SCJN emitió jurisprudencia sobre una persona indígena
sometida al proceso penal fue en el caso de Jorge, un joven indígena chatino.
Jorge cometió el gravísimo delito de recoger huevos de quelonio marino para
comer. Los chatinos consumen huevos de tortuga desde hace 1 500 años.
Jorge
fue defendido exitosamente por Carlos Morales. Y el máximo tribunal del país
sentó cinco jurisprudencias conocidas como “las nuevas reglas para juzgar a las
personas indígenas”. La SCJN tuvo la oportunidad de explicar quién es indígena
y quién no. Explicó qué es la especificidad cultural y quién debe investigarla.
De manera muy precisa explicó el ámbito subjetivo de aplicación. Con estas
primeras jurisprudencias el máximo tribunal del país empezó a dotar de
contenido al discurso del artículo 2º constitucional.
En
Litigio Estratégico Indígena Asociación Civil ha seguido por la senda del
litigio por el cambio social. Y ha demostrado que el juicio de amparo es un
instrumento para rescatar ríos (Caso de los ríos Salado y Atoyac) y es un
mecanismo para obligar al Congreso de Oaxaca y al Congreso de la Unión a
construir leyes de consulta indígena para dar voz a quienes nunca han tenido.
Consulte en: https://imparcialoaxaca.mx/arte-y-cultura/518557/carlos-morales-presenta-su-primera-obra-juridica/?fbclid=IwAR2Ak9ljR-WDfFs-RyIWOeYRBSH_knxsPNBnrsmJx2NYQgxt8hhLup2vVXI
La
LXIV Legislatura refrendó su compromiso de trabajar para lograr la
visibilización de las mujeres oaxaqueñas en todos los ámbitos de la vida
pública y social, con la entrega de la medalla ‘Juana Catalina Romero Egaña’,
con motivo del Día Internacional de la Mujer y para reconocer la aportación de
las mujeres a la vida social, cultural, científica y comunitaria del Estado.
En la
entrega de reconocimientos, este año y por única ocasión, se instauró la
categoría ‘Mujeres en la primera línea de atención al COVID-19’, misma que fue
otorgada a las trabajadoras de Servicio Social del Hospital de la Mujer y el
Niño Oaxaqueño.
En la
categoría ‘Mujer innovadora y emprendedora’, la galardonada fue Janet Salvador
Martínez, mientras que a Yazmín Karen Melchor Mendoza correspondió el
reconocimiento por ‘Mujer en la ciencia y en la tecnología’.
En la
temática de ‘Mujer en la cultura’, Martha Leticia Gallardo Martínez, originaria
de Santa María Tlahuiltoltepec recibió el galardón parlamentario. Por otra
parte, ‘Mariana Yañez Unda’, con su labor desde la defensa legal al medio
ambiente y de las causas de los sectores menos favorecidos, obtuvo el galardón
en la categoría, ‘Mujer que promueve acciones sociales’.
Finalmente,
la señora Bibiana Méndez Sánchez fue reconocida en el rubro ‘Mujer en la vida
comunitaria’, por su labor ejemplar en la partería y en San Bartolomé Zoogocho,
Villa Alta, en la Sierra Juárez como curandera tradicional en la región.
Consulte
en: https://televisaregional.com/entrega-congreso-medalla-juana-catalina-romero-egana/
Por
Carlos Morales
Hoy en
día, la insurgencia, dice Víctor Toledo, la constituyen las personas indígenas,
las mujeres y las y los ambientalistas. Son la última línea de combate en la
lucha por el cambio social. Mariana Yáñez Unda, vicepresidenta de Litigio
Estratégico Indígena A.C. participa en los tres frentes.
En
Litigio Estratégico Indígena A.C. estamos de fiesta por el reconocimiento que
el Congreso de Oaxaca realiza a Litigio Estratégico Indígena A.C. por conducto
de su vicepresidenta en el día internacional de la mujer.
El
Congreso de Oaxaca, el mismo al que Litigio Estratégico Indígena ha obligado a
construir la Ley de Consulta Indígena para los Pueblos y Comunidades Indígenas
y Afromexicanas de Oaxaca, reconoce nuestro esfuerzo otorgando a la
vicepresidenta Mariana Yáñez Unda, la medalla Juana Catalina Romero Egaña.
Litigio
Estratégico es una asociación civil sin fines de lucro que ha abierto muchos
frentes jurídicos contra la insensibilidad gubernamental y contra las omisiones
legislativas. Utiliza los mecanismos jurídicos contra las omisiones de las
autoridades. Y ha obtenido sentencias exitosas. En todos los casos Mariana Yáñez
ha intervenido. En el diseño, seguimiento y ejecución.
El
caso del amparo por los ríos Salado y Atoyac es el más conocido. En este
asunto, el Poder Judicial de la Federación emitió la primera sentencia en
México que ordenó rescatar un río. Es un caso sin precedente en el que las
autoridades se encuentran en fase de “cumplimiento”. Ciertamente, también están
siendo omisos. Y que no tienen voluntad de cumplir.
El
Congreso de Oaxaca ha sido omiso en la ejecución de la sentencia de amparo, por
eso los ríos Salado y Atoyac siguen contaminado. Ya llegará el momento de
iniciar el procedimiento de inejecución de la sentencia de amparo ante la SCJN.
Nuestra
lucha, las de Litigio Estratégico, no se agota con la obtención de sentencias
exitosas, sino en la ejecución de éstas. Y en la construcción de ciudadanía.
Ahora mismo, estamos obligando al Congreso de la Unión a construir la Ley
General de Consulta Previa Libre e Informada y de Buena Fe para los Pueblos
Indígenas y comunidades afromexicanas de México.
Un
juicio de amparo promovido por Litigio Estratégico Indígena y una sentencia de
la Segunda Sala de la SCJN (AR 1044/2019) obligarán al Congreso de la Unión a
crear la ley, después de 20 años de omisión y de flojera.
Charles
Brasseaur, describe a Juana C. Romero “recuerdo también que la primera vez que
la vi quedé tan impresionado por su aire soberbio y orgulloso, por su riquísimo
traje indígena.” La leyenda dice que habría ocultado a Porfirio Díaz bajo sus
enaguas que cuando éste construyó el ferrocarril, desvió el trazado para que
pasara frente al chalet de Juana Cata.
En
Litigio Estratégico Indígena A.C. estamos complacidos que se reconozca el gran
trabajo de Mariana Yáñez Unda, una de sus integrantes, con la medalla que lleva
el nombre de la Didjazaá, por su gran aporte al cambio social. El trabajo de
Yáñez Unda, está inspirado en el trabajo de la gran matriarca istmeña, que
realizó grandes aportes educativos, agrícolas y culturales en el Istmo de
Tehuantepec.
En
Litigio Estratégico seguiremos trabajando.
Consulte
en: https://revista-mujeres.com/2021/03/09/juana-cata-y-mariana-yanez/
La
maestra Mariana Yáñez Unda es vicepresidenta de la asociación civil Litigio
Estratégico Indígena A.C. organización no gubernamental que postula que el
litigio jurídico es un instrumento para el cambio social. Esta asociación civil
ha obtenido sentencias históricas en México.
La
asociación civil, en su corta vida, ya obtuvo éxitos sin precedentes: la primera
sentencia emitida en México que ordena rescatar dos ríos. Además, ha promovido
juicios de amparo para obligar a los congresos a construir leyes de consulta
indígena. El 22 de enero de 2020, el Congreso de Oaxaca se vio obligado a
emitir la ley de consulta previa para los pueblos indígenas de Oaxaca como
resultado de un juicio de amparo promovido por Litigio Estratégico Indígena
A.C.
El 10
de junio de 2020, la SCJN resolvió un juicio de amparo planteado por Litigio
Estratégico y ordenó al Congreso de la Unión construir la ley general de
consulta para los pueblos indígenas de México. Después de 20 años de renuencia
por parte del Congreso de la Unión tendremos la ley general de consulta
indígena tan necesaria para darle voz a los pueblos y comunidades indígenas de
México.
En la
sesión solemne del Congreso se reconocieron los méritos de la galardonada
Mariana Yáñez Unda, quien recibió la medalla que lleva el nombre de la
benefactora istmeña. Este reconocimiento se suma a los otros recibidos por la
asociación que tiene por política no recibir financiamiento de nadie.
Mariana
Yáñez Unda, es abogada por la Universidad Regional del Sureste y maestra en
ciencias penales por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. Obtuvo su grado de maestría con
mención honorifica y ha asistido a diversos cursos en México y en el
extranjero.
El
Congreso de Oaxaca instituyó la medalla Juana Catalina Romero Egaña para
reconocer a las mujeres que trabajan y colaboran con la comunidad de manera
desinteresada y lo entrega el día ocho de marzo de cada año en conmemoración
del día internacional de la mujer.
Ganadoras de la Medalla Juana Catalina Romero Egaña.
San
Raymundo Jalpan, Oax. 8 de marzo de 2021.- Con acciones permanentes como la
entrega de la medalla “Juana Catalina Romero Egaña”, LXIV Legislatura refrendó su compromiso de
trabajar para lograr la visibilización de las mujeres oaxaqueñas en todos los
ámbitos de la vida pública y social.
Durante
la tercera edición de la entrega de esta presea a mujeres por su aportación a
la vida social, cultural, científica y comunitaria del Estado, y con motivo del
Día Internacional de la Mujer, la presidenta de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo), diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, recalcó que el
Congreso del Estado impulsa con acciones parlamentarias los derechos humanos de
las mujeres.
Previo
a la entrega de seis reconocimientos a oaxaqueñas distinguidas, la congresista
Juana Aguilar Espinoza; en representación del presidente de la Mesa Directiva,
Arsenio Lorenzo Mejía García, dio
lectura a la semblanza de de la empresaria y benefactora istmeña, Juana Catalina,
quien a finales del siglo XIX respaldó al Ejército mexicano durante la intervención
francesa, y tuvo una labor diplomática, empresarial y educativa.
En el
acto protocolario celebrado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, la
presidenta del Comité coordinador, legisladora Elim Antonio Aquino, subrayó que
la conmemoración organizada por la 64 Legislatura, permite analizar los avances
y rubros pendientes respecto a las acciones en materia de equidad para las
mujeres, desde el ámbito del hogar hasta la participación política.
En la
entrega de reconocimientos, este año y por única ocasión, se instauró la
categoría “Mujeres en la primera línea de atención al COVID-19”, misma que fue
otorgada a las trabajadoras de Servicio Social del Hospital de la Mujer y el
Niño Oaxaqueño.
En ese
tenor, la diputada Delfina Guzmán calificó esa labor como fundamental, toda vez
que representa el primer contacto de la población, en su mayoría vulnerable,
con las instituciones hospitalarias, desde su ingreso hasta el seguimiento
posterior a la hospitalización. La presea fue entregada a la ciudadana Paulina
Santiago Gómez, en representación de la plantilla de trabajadoras sociales del
nosocomio.
En la
categoría “Mujer innovadora y emprendedora”, la galardonada fue Janet Salvador
Martínez, mientras que a Yazmín Karen Melchor Mendoza correspondió el
reconocimiento por “Mujer en la ciencia y en la tecnología”.
En la
temática de “Mujer en la cultura”, Martha Leticia Gallardo Martínez, originaria
de Santa María Tlahuiltoltepec recibió el galardón parlamentario. Por otra
parte, Mariana Yañez Unda, con su labor desde la defensa legal al medio
ambiente y de las causas de los sectores menos favorecidos, obtuvo el galardon
en la categoría, “Mujer que promueve acciones sociales”.
Finalmente,
la señora Bibiana Méndez Sánchez fue reconocida en el rubro “Mujer en la vida
comunitaria”, por su labor ejemplar en la partería y en San Bartolomé Zoogocho,
Villa Alta, en la Sierra Juárez como curandera tradicional en la región.
OAXACA,
Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía LITIGIO ESTRATÉGICO).- Son glorias del deporte
nacional pero el gobierno del estado de Oaxaca los discrimina y excluye; hace
algunos años, en las pistas de Río, Seúl, Mar del Plata y Guadalajara,
enfrentaron a otros atletas paralímpicos de alto nivel y se alzaron con la
victoria. Hoy enfrentan la insensibilidad y el menosprecio de las autoridades
deportivas de Oaxaca, que les niegan una beca vitalicia.
Ni los
extenuantes entrenamientos son tan cansados como la insensibilidad de las
autoridades. En el 2016, los atletas paralímpicos lograron que la 62
Legislatura incorporara en la ley un justo reconocimiento a su esfuerzo por
obtener el laurel de la victoria.
El
artículo 67 de la Ley de la Cultura Física y el Deporte para el Estado de
Oaxaca estableció que los atletas oaxaqueños paralímpicos discapacitados que
ganaran una medalla en una competencia internacional (paralímpicos,
parapanamericanos y mundiales) tendrían derecho a obtener una beca vitalicia.
Sin
embargo, el Poder Ejecutivo no lo cumplió y han pasado cinco años; en Oaxaca
existe un justificado ejercicio de la protesta social, el único medio para ser
escuchados son las movilizaciones, bloqueos de vialidades y toma de oficinas
públicas.
Pero
los atletas decidieron seguir el camino institucionalizado del litigio ante los
tribunales, han sido ya varios años de la lucha jurídica.
Litigio
Estratégico Indígena A.C. acompaña esta lucha de manera gratuita y
desinteresada, el primer logro obtenido fue la recomendación de la Defensoría
de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
El
defensor del pueblo determinó que la titular del Instituto de Cultura Física y
Deporte de Oaxaca violó derechos humanos de 23 atletas paralímpicos al no
gestionar el fideicomiso ni los recursos para los reconocimientos económicos
vitalicios.
Paralelamente,
Litigio Estratégico Indígena promovió juicios de amparo, tres años de litigio
empiezan a dar resultados.
El
lunes primero de marzo de este año, el Juzgado Quinto de Distrito notificó a
los promotores del juicio constitucional el otorgamiento del amparo, la autoridad
judicial federal determinó que la titular del Incude violó derechos humanos de
los quejosos. Y le ordenó construir de manera inmediata el Sistema Estatal del
Deporte y a constituir el fideicomiso.
Hacer
litigio por el cambio social en México es difícil y cansado. El adversario más
poderoso es la insensibilidad de las autoridades. La Incude promoverá el
recurso de revisión para retardar el cumplimiento de la sentencia de amparo.
Seguirá retardando el asunto, pero al final deberá cumplir la sentencia.
José
Manuel Ríos Casas, quien ha llevado el liderazgo del tema menciona al respecto:
«Aún falta mucho y nos urge el recurso para la alimentación de nuestras
familias».
Son glorias
del deporte nacional pero el gobierno del Estado de Oaxaca los discrimina y
excluye. Hace algunos años, en las pistas de Río, Seúl, Mar del Plata y
Guadalajara, enfrentaron a otros atletas paralímpicos de alto nivel. Y se
alzaron con la victoria. Hoy enfrentan la insensibilidad y el menosprecio de
las autoridades deportivas de Oaxaca, que les niegan una beca vitalicia.
Ni los
extenuantes entrenamientos son tan cansados como la insensibilidad de las
autoridades. En el 2016, los atletas paralímpicos lograron que la 62
Legislatura incorporara en la ley un justo reconocimiento a su esfuerzo por
obtener el laurel de la victoria.
El
artículo 67 de la Ley de la Cultura Física y el Deporte para el Estado de
Oaxaca estableció que los atletas oaxaqueños paralímpicos discapacitados que
ganaran una medalla en una competencia internacional (paralímpicos,
parapanamericanos y mundiales) tendrían derecho a obtener una beca vitalicia.
Eso
decía la ley pero el Poder Ejecutivo no les dio nada. Y ya pasaron cinco años.
En
nuestra lastimada Oaxaca existe un justificado ejercicio de la protesta social.
El único medio para ser escuchados son las movilizaciones, bloqueos de
vialidades y toma de oficinas públicas. Pero los atletas decidieron seguir el
camino institucionalizado del litigio ante los tribunales.
Han
sido ya varios años de la lucha jurídica. Litigio Estratégico Indígena A.C.
acompaña esta lucha de manera gratuita y desinteresada. El primer logro
obtenido fue la recomendación de la Defensoría de los Derechos Humanos del
Pueblo de Oaxaca. El defensor del pueblo determinó que la titular del Instituto
de Cultura Física y Deporte de Oaxaca violó derechos humanos de 23 atletas
paralímpicos al no gestionar el fideicomiso ni los recursos para los
reconocimientos económicos vitalicios.
Paralelamente,
Litigio Estratégico Indígena promovió juicios de amparo. Tres años de litigio
empiezan a dar resultados. El lunes primero de marzo de este año, el Juzgado
Quinto de Distrito notificó a los promotores del juicio constitucional el
otorgamiento del amparo. La autoridad judicial federal determinó que la titular
del Incude violó derechos humanos de los quejosos. Y le ordenó construir de
manera inmediata el Sistema Estatal del Deporte y a constituir el fideicomiso.
Hacer
litigio por el cambio social en México es difícil y cansado. El adversario más
poderoso es la insensibilidad de las autoridades. La Incude promoverá el
recurso de revisión para retardar el cumplimiento de la sentencia de amparo.
Seguirá retardando el asunto, pero al final deberá cumplir la sentencia. Hoy le
notifiqué la resolución a José Manuel Ríos Casas, quien ha llevado el liderazgo
del tema. “Aún falta mucho mi lic. Y nos urge el recurso para la alimentación
de nuestras familias.” Me dice. “Ya falta menos.” Le digo. Pero es cierto. Aún
falta mucho. Ya se avizora la luz al final del túnel. Seguiremos.
El
juzgado quinto de Distrito en Oaxaca amparó a cinco atletas paralímpicos
medallistas discapacitados oaxaqueños contra la omisión de Montserrat de los
Ángeles Aragón Heinz, directora general del Instituto de Cultura Física y
Deporte de Oaxaca, (Incude) porque se ha negado a otorgar el reconocimiento
económico vitalicio que la ley establece en favor de los atletas paralímpicos medallistas.
El
artículo 67 de la Ley de Cultura Física y Deporte, establece que los
deportistas discapacitados oaxaqueños de alto rendimiento que en representación
oficial obtengan o hayan obtenido una o más medallas en Juegos Paralímpicos,
Mundialista y Parapanamericanos tienen derecho
a un reconocimiento económico vitalicio.
Los
deportistas paralímpicos tienen este derecho desde el cinco de agosto de 2016,
pero el Estado de Oaxaca no les ha otorgado este estímulo económico. Por tal
razón, promovieron juicio de amparo representados por Litigio Estratégico
Indígena, asociación que también postula el caso del rescate de los ríos Salado
y Atoyac, en Oaxaca.
En la
demanda de amparo, los quejosos, refieren que Montserrat de los Ángeles Aragón
Heinz, directora general del Instituto de Cultura Física y Deporte de Oaxaca,
desde 2016 se ha negado a otorgar el reconocimiento económico vitalicio mensual
a 23 atletas oaxaqueños y que eso afecta su derecho a la alimentación y al
libre desarrollo de la personalidad.
La
sentencia ordena al Incude la creación de manera inmediata del Sistema Estatal
de la Cultura Física y el Deporte y del fideicomiso público para que se otorgue
el apoyo económico a los deportistas discapacitados.
Al ser
entrevistado, Carlos Morales Sánchez, presidente de Litigio Estratégico
Indígena A.C., refirió que la sentencia emitida por el juez quinto de Distrito
representa un gran avance en la búsqueda de justicia por parte de los atletas
paralímpicos porque el estado de Oaxaca a través del Incude se ha negado desde
hace cinco años a proporcionar el apoyo que establece el artículo 67 de la Ley
de Cultura física y el Deporte en el Estado de Oaxaca.
El
gobierno del Estado de Oaxaca, dice Carlos Morales, ha sido deliberadamente
omiso por cinco años en hacer efectivo este reconocimiento económico a los
deportistas que han galardonado con glorias y medallas internacionales al
estado Oaxaqueño. Esta omisión es permanente no obstante que la propia
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca también emitió una
recomendación pública autónoma en contra de Montserrat de los Ángeles Aragón
Heinz.
La
sentencia de amparo primera instancia todavía puede ser recurrida por las
partes y podría ser resuelto definitivamente por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación.
Consulte
en: https://www.estado20.mx/2021/03/03/24848?fbclid=IwAR13cPI5MoXGOVptnQDmCUvWp9kydllqnFAfNKjIB9Y2wlv-EXS0AiXdJEE
Carlos Morales Sánchez, autor de un libro sobre el tema , señaló que se deben buscar nuevos mecanismos para la defensa de los indígenas
Litigio
Estratégico Indígena A.C. se une a la iniciativa de Transparencia Mexicana y la
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca para solicitar la 3 de 3 para los
y las candidatas a cargos a diputación local, diputación federal y municipios
de Oaxaca.
Litigio
Estratégico Indígena A.C se une al Laboratorio Universitario de Transparencia y
Combate a la Corrupción de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
UABJO y Transparencia Mexicana para incluir la iniciativa 3de3 en el proceso
electoral 2021.
Litigio
Estratégico Indígena A.C es una asociación civil apartidista y sin fines de
lucro, fundada por abogadas y abogados oaxaqueños que promueve la participación
cívica, cultural y ciudadana mediante el litigio como herramienta de
transformación social.
La
iniciativa busca que los casi 3 millones de posibles votantes (2.962.811) del
estado puedan contar con información oportuna sobre futuros funcionarios y
representantes.
El
estado tendrá en disputa cargos al Congreso local, Congreso federal y
presidencias municipales.
Se
busca que los y las candidatas a ocupar los 42 curules del Congreso local -ya
sea por mayoría o por representación proporcional- publiquen su 3de3.
También
buscarán que los y las candidatas que participen por uno de los 10 puestos de
diputación federal presenten también sus declaraciones patrimonial, de
intereses y fiscal. Esto incluye a los y las diputadas que buscan reelegirse.
En
términos de gobiernos municipales, se disputarán 153 presidencias municipales,
1070 regidurías y 153 sindicaturas; se propone que como parte del compromiso de
candidatos y partidos con la integridad pública podrían incluirse entre quienes
abran su información a los equipos de campaña.
En los
siguientes días presentarán los formatos y la plataforma para facilitar la
publicación y la consulta de la información de las y los candidatos en Oaxaca.
“Con Azalea, joven indígena zapoteca, ojo biche, de Unión Hidalgo, tuve la oportunidad de empezar a hacer vigente el derecho a la lengua para los pueblos indígenas. Ella estudiaba Educación Física en la Normal Superior de Oaxaca los fines de semana y tenía dificultad para comunicarse en castellano. No iba bien en la escuela, para congraciarse con uno de sus maestros le trajo tres docenas de huevos de tortuga abundantes en la región del Istmo.
Aquella mañana de mayo, el hambre le hizo una mala jugada, ante la falta de dinero tomó 12 huevos y los cambió por un queso a un vendedor ambulante. Se disponía a marcharse cuando llegó la policía. Fue llevada a las oficinas de la Procuraduría. Al día siguiente, su madre después de empeñar un terrenito, pagó una fianza de diez mil pesos y Azalea recobró su libertad.”
Este texto, que narra la detención de una joven zapoteca acusada por un delito ambiental y que constituye la génesis de la primera demanda de amparo en lengua indígena en México, forma parte de la introducción del libro “Litigio Estratégico para el Cambio Social en México. Algunos casos, algunas reflexiones.” del abogado Carlos Morales Sánchez.
Los casos, que Carlos Morales postuló como defensor público federal están narrados en el libro publicado por la editorial del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH) con sede en San José Costa Rica. La editorial está dirigida por el doctor Víctor Rodríguez Rescia, connotado defensor de derechos humanos.
El libro fue escrito con el rigor jurídico exigido por la teoría del delito pero es asequible a cualquier lector porque la narrativa del abogado zapoteco ha sido permeada de poesía y magia. Conjuntar la rigidez de la dogmática jurídica con la poesía debió haber sido un trabajo difícil.
A lo largo del libro el autor da testimonio de su trabajo como abogado defensor. Explica que mediante el litigio estratégico se puede generar un cambio social. “El litigio estratégico es una piedra aventada a la quietud del rio”. Dice Carlos. Y como ejemplo narra varios casos que permitieron generar una nueva visión de los órganos del Poder Judicial de la Federación frente a las personas indígenas. De los buenos resultados dan cuenta las jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de la Nación (SCJN).
En el libro, Carlos Morales, narra tristes y luminosas historias: Jorge Santiago Santiago, era un joven indígena chatino que una mañana del 2007 fue a recoger huevos de tortuga para comer. Fue procesado por autoridades judiciales federales. La constancia de Carlos Morales permitió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidiera el destino de Jorge Santiago. Era la primera vez que un indígena chatino acudía al más alto tribunal del país. La SCJN le concedió el amparo y permitió establecer las nuevas reglas para juzgar a las personas indígenas en México.
Este caso generó cinco tesis jurisprudenciales que hoy dan sustento a todas las sentencias que en materia de personas indígenas se emiten en México.
La dolorosa historia de Bonifacio, un indígena mazateco acusado de un delito contra la salud permitió a Carlos Morales utilizar en su defensa herramientas del derecho internacional de los derechos humanos. Era el año 2006 y los tratados internacionales no tenían aceptación en nuestro sistema jurídico. El muro de la insensibilidad era muy fuerte. En ese apartado queda el testimonio y el relato de tales hechos.
La poesía transversaliza el libro. El diálogo con una mujer chinanteca monolingüe está relatado fielmente:
“La conocí en Ixcotel. Su mirada era profunda y fuerte. Sus ojos negrísimos. Representaba más edad de la que tenía. Las manos ásperas eran señal de que se dedicaba a un trabajo rudo. Un custodio, oriundo de Ojitlán, me ayudó a traducir su conversación. Cuando mencionó a sus hijos, la angustia se transformó en lágrimas y ningún traductor habría sido capaz de expresar en palabras el dolor que sentía. La vida no había sido fácil para ella. “A veces me canso —me dijo por conducto del intérprete— pero me da alegría pensar que con mi trabajo, mis niños van a la escuela.”
Días antes, en una calurosa madrugada de septiembre de 2006, en Tuxtepec, un grupo de policías estatales catearon la galera donde dormían los trabajadores de la zafra. Una persona farmacodependiente había denunciado que en ese lugar vendían droga. Amelia, se alojaba en ese lugar.”
Víctor Rodríguez Rescia, director del IIRESODH y ex miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, explica en la presentación del libro:
“El autor demostró que se puede aprender derecho “duro” con prosa sencilla y amigable. Carlos nos lleva de la mano por el desarrollo constitucional mexicano demostrando cómo la Constitución de 1917 se tuvo que ir adecuando a reconocer, tardíamente, la interculturalidad jurídica de los derechos de los pueblos indígenas, ora por la oportuna incidencia del derecho internacional de los derechos humanos (Convenio 169 de la OIT sobre Derechos de Pueblos Indígenas y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos), ora por la presión del levantamiento indígena en Chiapas y los Acuerdos de San Andrés.”
Carlos Morales nació en el Istmo de Tehuantepec, en sus propias palabras la “zona erógena de México”. Sus visitas frecuentes a la biblioteca de Juchitán, del Ldixhi Gendabiani, creado por Francisco Toledo, le llevaron a leer diversos autores europeos y latinoamericanos. En ese edificio de paredes blancas del Macondo istmeño viajaba hasta la costa atlántica de Colombia.
Estudió en la ciudad de Oaxaca. En la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. En el edificio central de cantera verde. Una tarde de septiembre hizo su examen profesional con un trabajo denominado “El ombudsman de la democracia.”
Laboró como defensor público federal durante doce años. Ahí defendió a 1526 personas. Sobre todo a personas indígenas. Aprendió teoría del delito, argumentación y redacción jurídica. Un día se cansó de laborar para el Estado y creó una asociación civil pequeñita que se llama Litigio Estratégico Indígena A.C. que no recibe ningún tipo de financiamiento.
Con esa asociación ha ganado varios casos ante la SCJN. El caso del río Salado es uno de ellos. Otro, es el litigio para obligar al congreso de Oaxaca a construir leyes. Hoy tenemos ley de consulta indígena en Oaxaca porque esa asociación le ganó al congreso de Oaxaca un amparo.
Carlos Morales es catedrático de diversas universidades del país. Comparte el conocimiento adquirido en San Diego, California, San José, Costa Rica, Bogotá y Medellín, Colombia, entre otros centros educativos.
En el año 2009 el gobierno del Estado le dio el premio al mérito ciudadano por su labor en favor de los pueblos indígenas y en el 2018 el Congreso le entregó un reconocimiento por su labor en favor de los pueblos indígenas. El presidente AMLO entregó a un joven integrante de su asociación el premio nacional de la juventud. La Barra de Abogados Carlos Santiago Nino les dio el Laurel del Litigio del Año.
Parece no cansarse. Salta de audiencia en audiencia. Promueve amparos todo el tiempo. Imparte clases en línea. Apenas el año pasado contribuyó gratuitamente, con LEI a elaborar una ley para que le reconozcan derechos a los ríos oaxaqueños. El pequeño libro fue construido a lo largo de 20 año.
Consulte en: https://www.estado20.mx/2021/01/26/23274
El 2020 será un año inolvidable. Aún no sabemos si el 2021 será más duro que el que termina. Pero en este año aprendimos a estar encerrados, a trabajar en plataformas digitales, a presentar demandas de amparo por internet, a no salir. Vimos a personas cercanas partir. Y seguimos.
Sin financiamiento de ninguna especie Litigio Estratégico Indígena A. C. no perdió el paso. A pesar de la suspensión de actividades del Poder Judicial de la Federación, la lista de resultados exitosos no disminuyó. Entre las experiencias exitosas se encuentran:
1. La creación de la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para el Estado de Oaxaca.
La sentencia que recayó al amparo promovido por Litigio Estratégico Indígena fue cumplida. A regañadientes el Congreso de Oaxaca tuvo que cumplir la sentencia y Litigio Estratégico sentó el histórico precedente de obligar a un congreso estatal a construir una ley de consulta indígena.
El Congreso de Oaxaca se tardó 19 años en construirla pero finalmente fue obligado a construir la ley en cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio de amparo promovido por Litigio Estratégico. El día 22 de febrero de 2020 fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca la primera ley indígena arrancada a un congreso mediante un juicio de amparo. A partir de ahí otros Estados han iniciado la labor legislativa para crear la ley de consulta indígena, entre ellos, Quintana Roo.
2. La sentencia de amparo que obligará al Congreso de la Unión a crear la ley de suspensión de derechos humanos.
El 26 de octubre pasado le fue notificada a Litigio Estratégico Indígena A.C. la sentencia que ordena la creación de la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional, es decir, la ley que reglamentará los casos y condiciones en que deben suspenderse los derechos humanos en México ante situaciones de contingencia sanitaria.
La pandemia evidenció que la atención a la contingencia sanitaria fue hecha sin orden. Diversas autoridades federales, estatales y municipales suspendieron derechos humanos sin estar facultadas. Ello dio lugar a que Litigio Estratégico Indígena A.C. promoviera un juicio de amparo el día 30 de abril pasado y la autoridad jurisdiccional federal el 26 de octubre del año que finaliza emitió la sentencia de amparo que ordena emitir la ley reglamentaria. Hasta este momento, el Congreso dela Unión no ha interpuesto el recurso de revisión.
3. La SCJN concede amparo a Litigio Estratégico Indígena A.C. y ordena al Congreso de la Unión crear la Ley General de Consulta Indígena.
El 10 de junio de 2020, la Segunda Sala de la SCJN emitió la sentencia de amparo que ordena la creación de la Ley General de Consulta Previa Libre, Informada y de Buena Fe para los Pueblos y Comunidaes Indígenas y Afromexicanas de México. La SCJN otorgó de plazo hasta el 30 de agosto de 2021 para que el Congreso de la Unión cree la ley que reglamentará el derecho humano a la consulta indígena. Ahora si, después de 500 años los pueblos indígenas de México tendrán voz.
4. Recomendación de la CNDH al gobierno de Oaxaca y a la Conagua para rescatar los ríos Salado y Atoyac.
El día 24 de noviembre de 2020, la CNDH emitió la recomendación número 57/2020. Esta recomendación es la otra tenaza creada por Litigio Estratégico para el rescate de los ríos Salado y Atoyac, la otra línea de acción es la sentencia del juicio de amparo emitida por la jueza Elizabeth Franco Cervantes para rescatar a los ríos oaxaqueños. La recomendación llega en el momento exacto. En el momento en que las autoridades responsables argumentan la pandemia para incumplir la sentencia de amparo. La recomendación alienta el rescate de los ríos Salado y Atoyac.
5. Participación de Litigio Estratégico Indígena A.C. en la creación de la iniciativa de la Ley de Protección a los Ríos y otras Fuentes Hídricas del Estado de Oaxaca.
Con Earth Law Center, asociación defensora de los derechos de la tierra y de los ríos, Litigio Estratégico Indígena participó en la elaboración de la iniciativa de ley que reconoce los derechos de los ríos y otras fuentes hídricas y propone crear la figura de los guardianes de los ríos. Esta iniciativa ya ha sido presentada al Congreso de Oaxaca.
6. Durante el tiempo de la pandemia, la asociación civil participó en 47 eventos en vía remota (foros, seminarios, talleres, conferencias, exposiciones y clases de posgrado y de licenciatura).
7. La creación del programa “Alegatos de Apertura” que se transmite en el portal Viernes de Jurisprudencia y que ha llegado a una audiencia de 50 mil personas.
